El director ejecutivo de khipu, Roberto Opazo, señala que esta iniciativa debe preocuparse de que su reglamento considere estos tramos para que haya condiciones distintas según cada necesidad. Lo que es una decisión política y no técnica.

 

Con la aprobación de la ley que permite emitir medios de pagos con provisión de fondos, o mejor conocida como sistemas de prepago,  se permitirá implementar nuevas formas de operar, lo que generará una serie de beneficios. Sin embargo, en las startups y pequeñas empresas existe una incertidumbre sobre su inclusión en el reglamento que redacte el Banco Central.

 

Así lo explica Roberto Opazo, director ejecutivo de khipu (https://khipu.com), quien agrega que “los que redactaron la  ley estaban pensando en  que los retails o las cajas de compensación puedan emitir sus propios medios de prepago y la ley permite que  se conecten con Transbank, lo que no va a cambiar mucho la situación actual. Ésta cambia en tanto que empresas con vocación innovadora, como las fintech, puedan ofrecer nuevas formas de operar y, por lo tanto, aportar con innovación”.

Opazo señala que para que eso esté asegurado, la ley debería preocuparse de que el reglamento tenga la indicación de ser inclusivo, ya que de otra manera se corre un riesgo. “Aunque no está garantizado que el Banco Central haga un reglamento que nos deje afuera, la forma natural de actuar del banco está en establecer requisitos para grandes empresas, como bancos, y por lo tanto es razonable que uno como startup sienta el temor de que le van a poner condiciones de capital o de encaje que resulten imposibles de cumplir para una empresa como nosotros y que además, no tengan ningún sentido, porque una empresa que tiene un nivel de operación bajo, no tiene por qué cumplir los mismos requisitos que una empresa que representan un gran riesgo para la fe pública”.

El director ejecutivo manifiesta que su propuesta pasa por que en la ley se indique al Banco Central que, en el reglamento que tendrá que redactar, debe considerar tramos, con distintas exigencias dependiendo del riesgo que el nivel de operación de las empresas represente para la fe pública. “Esto porque empresas que parten como emprendimientos de innovación tecnológica, van accediendo al capital en forma gradual, por lo tanto su posibilidad de cumplir con requisitos de capital y encaje requiere tiempo. Siendo así, si Chile quiere contar con una industria Fintech, entonces debe tener un marco legal coherente con una política pública y es peligroso esperar que un órgano técnico se haga cargo de una definición política, como son las exigencias graduales para permitir la entrada de startups”, explica.

“El Banco Central es uno de los órganos de mayor prestigio de nuestra institucionalidad, es raro que alguien lo cuestione, pero está acostumbrado a normar el actuar de grandes empresas, no tiene experiencia en la industria Fintech, y su naturaleza es la de no correr riesgos, entonces dejarle un espacio a este tipo de empresas no es la naturaleza del banco, por esto es necesaria una decisión política”, añade.

Opazo agrega que resulta duro de digerir que, en el marco de una ley de prepago, se autorice a las sociedades de apoyo al giro bancario (Transbank) a la interconexión entre redes de operadores de medios de pago. “Por supuesto que es deseable que la interconexión entre operadores exista, pero con el debido cuidado de igualdad de oportunidades en el acceso. Esta es una ley para normar la emisión, pero incluye un pequeño párrafo autorizando la interconexión de redes de operadores de pago, lo que no solo es otra cosa, sino que además tiene otro proyecto de ley completo en curso”.

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